El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, va a abrir una investigación de oficio para determinar «si se ha producido alguna ilegalidad» en la paralización de las obras de la incineradora de Zubieta, según ha confirmado a Efe Calparsoro.

Calparsoro pretende dilucidar si las indemnizaciones que deberían pagarse por la suspensión de las obras son consecuencia de una mala gestión de los actuales o antiguos responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK).

Ha aclarado que con estas diligencias pretende determinar si existe «alguna responsabilidad legal» en los «gastos y los costes» que se asumen en una operación que «al final supone un coste para el ciudadano» y para el «erario público» pero que, en todo caso, es preciso «estudiar».

El fiscal superior ha precisado que la investigación se llevará a cabo «desde una perspectiva económica», «sobre todo, el desfase que se ha producido, sin prejuzgar ni atribuir culpas a nadie».

El Consorcio de Residuos anunció el viernes pasado que suspendía las obras de la incineradora, tras constatar que el proyecto no respeta las condiciones medioambientales establecidas por el Gobierno de Lakua.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, aseguró en que la inicineradora tiene «todos los permisos legalmente requeridos», y GHK insistió ayer en que la paralización está «más que justificada».