El viernes apareció muerto en Basauri un preso, posiblemente por sobredosis. Apenas había pasado una semana desde que ingresó y había sido internado en la enfermería. El joven era toxicómano, padecía una enfermedad mental y se le había aplicado el protocolo antisuicidios, que a todas luces resultó inútil. La noticia apenas tuvo trascendencia, y Lakua no confirmó lo ocurrido hasta ayer y en respuesta a una petición de información de este medio.

Tres cosas llaman poderosamente la atención en esta muerte. En primer lugar, los cuatro días que la Consejería de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales del Gobierno de Lakua ha tardado en confirmar la muerte de este joven en dependencias penitenciarias y que, además, señale en su nota que «no hacemos públicos estos hechos luctuosos». La muerte de una persona bajo custodia de la Administración pública es una cuestión de interés general que no se puede ocultar, camuflar o silenciar. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en el ámbito administrado por el Gobierno, a preguntar, a debatir y a proponer cambios. La participación ciudadana es una parte esencial de un Gobierno democrático. En segundo lugar, sorprende que una persona que apenas llevaba una semana ingresada y a la que se le había aplicado el protocolo antisuicidios sea capaz de encontrar droga suficiente como para morir de sobredosis en un establecimiento público. O era muy habilidosa o la droga circula en las prisiones con gran fluidez, una situación que debería conllevar alguna reflexión al respecto de las autoridades competentes.

Y en tercer lugar, la cárcel no es lugar para ninguna persona, pero mucho menos todavía para personas drogodependientes o con enfermedades mentales. Esta última muerte subraya la urgencia de que las personas con este tipo de patologías reciban otro tipo de atención. Este fallecimiento, igual que los otros cinco registrados desde que Lakua asumió la competencia de prisiones, muestra el largo recorrido que todavía queda por hacer para dejar atrás la lógica vengativa del encierro y el castigo, y avanzar hacia la justicia restaurativa y un modelo penitenciario radicalmente distinto.